Inclusión social de los repatriados: perspectivas de derechos humanos y derechos fundamentales

Introducción

La movilidad humana y el retorno forzoso de nacionales constituyen uno de los desafíos contemporáneos más complejos para los Estados, especialmente en contextos de alta migración internacional. En República Dominicana, la repatriación de ciudadanos desde países de destino ha exigido la construcción de respuestas institucionales que trasciendan la lógica meramente administrativa o punitiva, y se orienten hacia la restitución de derechos y la reinserción social digna. En este marco, la creación en 2014 de la Unidad de Reinserción de Repatriados (UNRE), adscrita al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, representó un hito en la consolidación de una política pública integral, sustentada en el orden constitucional dominicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Contrario a percepciones sociales profundamente arraigadas, la mayoría de las personas repatriadas no presentan antecedentes penales, sino que han sido retornadas por causas estrictamente migratorias vinculadas a la pérdida de estatus legal en los países de acogida. Datos oficiales evidencian que aproximadamente el 70% de los retornos obedecen a razones administrativas, lo que impone la necesidad de enfoques centrados en la inclusión social, el acompañamiento psicosocial, la formación técnica y la reconstrucción del proyecto de vida, más que en esquemas de reintegración penal. En este sentido, la UNRE ha brindado asistencia a más de 20,000 personas desde 2015, facilitando documentación civil, acceso a salud, apoyo legal, orientación laboral y acompañamiento institucional, bajo un protocolo de recepción previamente coordinado que garantiza atención inmediata y respeto a la dignidad humana desde el primer contacto.

El proceso de recepción y atención de repatriados en el país evidencia una estructura organizada que incluye la coordinación previa con familiares, la asistencia inicial en el Centro Vacacional de Haina, el levantamiento de datos biométricos, la verificación judicial en el Sistema de Investigación Criminal y, únicamente cuando corresponde, la remisión a las fiscalías por causas pendientes. Este modelo, pionero en el Caribe, se distingue por su énfasis en derechos humanos, transparencia institucional y combate a la estigmatización, lo que lo sitúa favorablemente frente a experiencias comparadas como el programa somos mexicanos en México, con el cual comparte la lógica interinstitucional, pero supera en términos de enfoque garantista y protección simbólica del retornado como sujeto de derechos.

Finalmente, la reinserción social del repatriado no puede comprenderse sin atender su dimensión humana, familiar y comunitaria. El retorno involuntario genera escenarios de alta vulnerabilidad jurídica y social, caracterizados por rupturas biográficas, pérdida de redes de apoyo y estigmatización social, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas diferenciadas. En este contexto, la familia emerge como un actor clave en la contención emocional, la reconstrucción identitaria y la integración social, mientras que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas retornadas. Desmitificar la figura del repatriado y promover una mirada inclusiva constituye, por tanto, no solo un deber institucional, sino un imperativo ético y democrático orientado a evitar la revictimización y a transformar el retorno forzado en una oportunidad real de reintegración digna.

Desarrollo

Contexto nacional y funciones de la UNRE

Desde su creación en 2014, la Unidad de Reinserción de Repatriados ha articulado un sistema de atención para nacionales retornados, enfocado en la asistencia legal, documentación, salud, reinserción laboral y contacto familiar. Con el respaldo del marco constitucional dominicano y de instrumentos internacionales, la UNRE facilita servicios como obtención de cédula, acta de nacimiento, seguro SENASA, acompañamiento psicosocial y acceso a formación técnica, entre otros. La resolución de 2021 del Consejo Superior del Ministerio Público consolidó su rol como puente institucional entre la recepción y la dignificación del repatriado.

Contrario a percepciones erróneas, la mayoría de los repatriados no son personas con historial criminal, sino ciudadanos que, por diversas razones, perdieron su estatus migratorio en el país de destino. Según datos oficiales, un aproximado de 70% fue retornado exclusivamente por razones migratorias, no penales. Esto demanda que la reinserción contemple un enfoque psicosocial, educativo y de acompañamiento comunitario (ver Tabla 1).

En ese mismo contexto, la Unidad de Reinserción de Repatriados del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), dentro de sus estadísticas registra que desde el año 2015 a la fecha, ha brindado asistencia a 20,115 personas que fueron deportadas a la República Dominicana por cometer diferentes violaciones a las leyes de los países hacia los que emigraron.

Es importante destacar que, entre las labores con miras a la reincorporación digna a la sociedad que ha ejecutado esta unidad de la Procuraduría General de la República se encuentran la facilitación para la obtención de actas de nacimiento, gestión de cédulas de identidad y electoral, licencias de conducir, pasaportes, asistencia psicológica, certificación de no antecedentes penales, retiro de fichas, información sobre acceso al crédito, asistencia para financiamientos o promipymes, cartas de devolución de fianzas y asistencia legal por violaciones a sus derechos fundamentales.

De igual manera se denota que existe un protocolo de recepción de repatriados en el que las autoridades dominicanas conocen previamente quiénes serán retornados, por lo que antes de que lleguen al país se comunican con sus familiares para convocarlos para el recibimiento. Una vez en el país, los retornados son trasladados al Centro Vacacional de Haina, ubicado en la provincia de San Cristóbal, en el que se socializa con ellos el proceso a seguir y su estado legal, además de proporcionarles asistencia inmediata, entre la que se incluye alimentación y acceso a aseos y otras necesidades.

A los deportados se levantan sus datos biométricos, se les brinda información sobre los servicios de la unidad a los que pueden tener acceso y se pide a los familiares de los repatriados que firmen un documento en el que se responsabilizan de la acogida de las personas retornadas. Importante es resaltar que al país los repatriados, no tienen ni se les crean antecedentes penales; sin embargo, todos son consultados en el Sistema de Investigación Criminal (SIC) para detectar quienes tienen casos pendientes o activos con la justicia dominicana, y, de ser necesario, estos son entregados a las fiscalías en las diferentes jurisdicciones del país. La imagen 1 representa de forma gráfica la recepción de los deportados.

Por su parte, en el Informe institucional de la Procuraduría General de la República (ONU, 2025), señala que la Unidad de Reinserción de Repatriados la Unidad de Reinserción de Repatriados del Departamento de Derechos Humanos de la PGR, registra que 8,742 (43%) de los deportados estaban acusados violación a la Ley de inmigración; 6,486 (32%) por delitos relacionados con drogas; 1,695 (8%) por asaltos y el otro 17% por la comisión de otros delitos. Significativo es resaltar que, en el año 2024 la Unidad de Reinserción de Repatriados entregó a las distintas fiscalías del país a 33 personas repatriadas que tenían órdenes de arresto activas; mientras que, en el año 2023, se entregaron otras 14 personas.

Derecho Comparado: México y la reinserción de repatriados

México, país con una importante población migrante en los Estados Unidos, enfrenta similares desafíos con el retorno de sus ciudadanos. A través del Programa Somos mexicanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM), el Estado mexicano ha establecido una estructura nacional de acogida y reintegración. Este programa contempla la asistencia inmediata en frontera, transporte gratuito a comunidades de origen, expedición de documentación oficial, acceso a servicios de salud pública y apoyo para la reinserción laboral mediante alianzas con empresas e instituciones educativas.

Al igual que la UNRE en República Dominicana, Somos Mexicanos articula esfuerzos interinstitucionales, aunque con mayor presencia en puntos fronterizos y oficinas consulares. Sin embargo, la experiencia dominicana es pionera en el Caribe y se destaca por su enfoque en derechos humanos, transparencia institucional y protección contra la estigmatización del repatriado.

Ecos de retorno: relatos representativos de repatriados

Algunos retornados han compartido sus experiencias, que permiten ilustrar la dimensión humana de este proceso. Pedro M., repatriado en 2023 tras cumplir condena en EE. UU., expresó: “Pensé que nadie me iba a recibir. Pero desde que llegué, la Unidad me ayudó a sacar mis documentos y conseguir trabajo en un call center”. Otro caso es el de Juana R., madre soltera, retornada tras vivir 18 años en Nueva York: “Perdí mi estatus por una deuda médica. Volver fue duro, pero encontré acompañamiento legal y hoy estudio en INFOTEP gracias a la Unidad”.

Estos testimonios demuestran que, con apoyo institucional y políticas públicas bien orientadas, es posible transformar una experiencia de expulsión en una oportunidad de inclusión. Es fundamental recalcar que más del 43% de los repatriados lo son exclusivamente por razones administrativas vinculadas al estatus migratorio, lo que exige estrategias de inclusión más que de reintegración penal.

El rol de la familia en la reinserción social del repatriado

La familia desempeña un papel insustituible en el proceso de reinserción del repatriado, tanto desde el plano emocional como en términos de apoyo social, logístico y moral. En contextos de retorno forzoso, el acompañamiento familiar puede representar la diferencia entre una integración exitosa y la marginación. Como han señalado diversos estudios, el capital social representado por la familia es un factor protector fundamental frente a la exclusión social (Bourdieu, 1986; Coleman, 1990). En el caso dominicano, muchos repatriados carecen de vínculos familiares consolidados debido a años de distancia o rupturas generacionales, lo que complica su readaptación.

Por esta razón, desde la UNRE se ha priorizado el fortalecimiento de la reunificación familiar como política de atención integral. La familia no solo brinda alojamiento o sustento inicial, sino que cumple funciones de contención emocional, orientación cultural y reconstrucción de la identidad. Además, puede servir de puente hacia oportunidades laborales, educativas y de inserción comunitaria. La experiencia demuestra que los programas de reintegración con participación de los núcleos familiares tienen tasas significativamente más altas de éxito y sostenibilidad (OIM, 2021).

Los repatriados involuntarios y su situación de vulnerabilidad jurídica y social.

El fenómeno del repatriado involuntario plantea desafíos específicos que deben ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos. A diferencia de quienes retornan voluntariamente, el repatriado involuntario no elige regresar y, en muchos casos, enfrenta un retorno abrupto, desarticulado y sin redes de apoyo. Autores como Sayad (1999) han descrito esta condición como una 'doble ausencia', donde el sujeto ya no pertenece plenamente ni al país de acogida ni al país de origen.

En la práctica, esto se traduce en altos niveles de vulnerabilidad: falta de vivienda, desempleo, dificultades en la documentación civil, barreras para acceder a salud y educación, y estigmatización social. Asimismo, la ausencia de políticas públicas estructuradas puede agravar la exclusión, colocando al repatriado en una suerte de limbo jurídico y social. En este contexto, el rol del Estado es crucial para garantizar mecanismos de restitución de derechos, prevención de la revictimización y creación de condiciones reales para una reintegración digna.

Como sostiene Agier (2008), “la categoría del migrante forzado requiere intervenciones diferenciadas que reconozcan las fracturas biográficas y estructurales que el desplazamiento genera”. El abordaje integral promovido por la UNRE busca precisamente llenar ese vacío institucional, con acciones coordinadas que mitiguen el impacto del retorno no deseado y favorezcan la reconstrucción del proyecto de vida del repatriado.

Derechos fundamentales de las personas retornadas

Toda persona repatriada, independientemente de las razones que motivaron su retorno, conserva íntegramente sus derechos fundamentales, reconocidos tanto por la Constitución de la República Dominicana como por los tratados internacionales suscritos por el Estado. Entre estos derechos se encuentran:

La condición de repatriado no puede ni debe implicar una merma de estos derechos. La labor de la UNRE se orienta a garantizar el acceso efectivo a los mismos, con énfasis en la inclusión y el respeto a la persona en todas las etapas del proceso de retorno.

Desmitificación del repatriado y el combate al prejuicio social

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas repatriadas al momento de su reinserción social es el estigma. Existe una percepción errónea y generalizada de que todo repatriado ha sido condenado por delitos graves, lo cual es estadísticamente falso. La mayoría retorna por causas migratorias, no penales. Esta falsa asociación produce rechazo en comunidades, barreras en el acceso al empleo, discriminación en servicios públicos y aislamiento familiar.

La desmitificación del repatriado es, por tanto, un imperativo institucional y social. Es deber de todos -Estado, sector privado y sociedad civil- derribar los prejuicios que marginan y condenan injustamente. Una reinserción efectiva comienza con una mirada humana y comprensiva del fenómeno migratorio, reconociendo que nadie merece ser condenado dos veces: primero por ser devuelto y luego por ser rechazado en su propia tierra.

Conclusiones

La experiencia dominicana en materia de reinserción de repatriados es una referencia regional en cuanto a diseño institucional basado en derechos humanos. La UNRE ha demostrado que es posible articular una respuesta estatal coordinada, humanitaria y eficiente frente a un fenómeno complejo.

No obstante, persisten retos estructurales: la necesidad de más recursos, ampliación de cobertura territorial, personal especializado y fortalecimiento de alianzas con la sociedad civil y el sector privado.

Desde una perspectiva comparada, se hace imperioso avanzar hacia una política de Estado que reconozca la reinserción como parte de una política migratoria integral y centrada en la dignidad humana.

Reflexión personal

Como directora de la Unidad de Reinserción de Repatriados y Procuradora Fiscal, he sido testigo del profundo impacto que tiene una mano extendida en el momento del retorno. Cada historia que acogemos nos recuerda que detrás de cada expediente hay una vida, un drama migratorio, una esperanza de segunda oportunidad.

Mi motivación nace de una convicción firme: la justicia no termina en los tribunales, también se ejerce con compasión, acompañamiento y compromiso con la reintegración. Creo en una República Dominicana donde nadie quede atrás, donde la repatriación no sea sinónimo de exclusión, sino de nuevo comienzo, y que, en la mayoría de los casos, esa vida no ha pasado por la cárcel, sino por procesos migratorios dolorosos, donde la separación familiar y la incertidumbre han sido las verdaderas condenas.

Como decía Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Esa es la convicción que guía nuestro trabajo diario: transformar la vida de cada repatriado, desde lo humano, lo jurídico y lo institucional.